Por nuestro futuro, por la libertad de expresión, todos con Héctor de Mauleón
De octubre a la fecha es notable el nivel de interlocución real que con los diferentes niveles de gobierno logró la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turísmo: más allá de los eventos de relumbrón y oropel “para sacarse la selfie”, ha sido relevante la presencia de Esperanza Ortega y de Octavio de la Torre -y de su equipo- con funcionarios federal del más alto nivel, con gobernadoras y gobernadores y líderes municipales para detallar programas y acciones a favor de la pequeña y mediana empresa así como de los grandes firmas agrupadas en las entidades más longevas del sector empresarial.
De hecho, la misma representante de Claudia Sheinbaum ante el empresariado, Altagracia Gómez mantiene un diálogo constante con los líderes de CANACINTRA y CONCANACO-SERVyTUR a sabiendas de que el Plan México sólo podrá tener el alcance deseado -y fungir como elemento anticíclico ante el estancamiento y posible recesión económica- sí se apoya en la más amplia base productiva del país; que sólo con ellos es posible reconstituir en parte las cadenas de producción locales que ahora se requieren para elevar el contenido regional que el gobierno de Donald Trump exige a las exportaciones en América del Norte.
Ello, a pesar de que ambas organizaciones fueron defenestradas por el Consejo Coordinador Empresarial donde existe temor al alcance real que tiene CANACINTRA y CONCANACO para articular programas. Siendo realistas, las grandes compañías industriales, agroindustriales y empresas financieras agrupadas en la asociación civil que encabeza Francisco Cervantes no requieren una vinculación gubernamental que ya poseen como tecnoestructura de alto impacto y poco empleo… pero que necesitan de las Pymes para cumplir sus metas de integración productiva.
De hecho, ambas organizaciones han sido exitosas en gestionar el pago de algunos adeudos que tenía PEMEX, a cargo de Víctor Rodríguez, con sus afiliados de todos tamaños -pues estos organismos también aglutinan grandes empresas- a pesar de incompresibles presiones de liderazgos del CCE para que fueran ignorados en la regularización de pagos.
Así que, dado que el CCE optó quedar como un “Club de Tobi”, que no sorprenda que CANACINTRA-CONCANACO constituyan una nueva central empresarial, todo un emblema para las mujeres y hombres de carne y hueso que se juegan su patrimonio y seguridad para sacar adelante a sus familias y colaboradores.
Tortuguismo en Modalidad 40
La centralización de procesos se convirtió en un dolor de cabeza para las personas que optaron por la llamada Modalidad 40 para cotizar de manera voluntaria en el IMSS con la finalidad de mejorar su pensión futura: retrasos inusuales para que les sean reconocidas sus aportaciones a través de ventanillas bancarias, lo cual ha llevado a que centenares de adultos mayores padezcan el calvario de esperar hasta 12 meses cobrar de su pensión cuando lo habitual eran 15 días.
El problema está ubicado en la dirección de incorporación y recaudación a cargo de Luisa Obrador Garrido: con la consabida cantaleta de “combate a la corrupción” en las subdelegaciones del IMSS, extremó los mecanismos de control. Inició con una “revisión con lupa” de todas las semanas cotizadas, trasladado la validación final a la coordinación de afiliación que lleva Carolina Griselda Cisneros Prado.
La revisión a fondo es plausible… pero la centralización y la baja capacidad de análisis generó el cuello de botella para personas que no tienen otro ingreso que su pensión. Al dejar de confiar en las 133 subdelegaciones y sus 500 ventanillas de atención, ahora el equipo de Obrador Garrido tiene que atender 9 mil operaciones mensuales y administrar anualmente a 90 mil asegurados que solicitan su alta en dicha modalidad de ahorro voluntario.
El ISSSTE responde, pero… ¿y el OIC?
El Instituto que dirige Martí Batres envió una tarjeta informativa sobre lo aquí escrito en torno a la licitación de los servicios de sanitización del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. En atención a su derecho de réplica, se transcribe la parte sustancial.
Dice: “1) Es falso que el ISSSTE cuente con una resolución o “instrucción” para reponer el fallo del proceso de licitación, dictado el 12 de febrero del presente año, como menciona el columnista. 2) Si bien se recibieron tres recursos de inconformidad promovidos por la empresa no seleccionada, que durante el año 2024 proporcionaba dicho servicio al Instituto, principalmente en la Ciudad de México, el organismo presentó los informes correspondientes al Órgano Interno de Control (OIC), así como los alegatos finales, por lo cual se concluyó un recurso de inconformidad a favor de este Instituto y se está en espera que los próximos días el órgano fiscalizador resuelva conforme a derecho los dos restantes; 3) Es importante señalar que el Testigo Social no instruye en ninguna etapa del procedimiento, ya que únicamente presenta un informe del proceso, en el cual no se observa lo señalado por el columnista.”
Así, para la directiva del ISSSTE no tiene mayor importancia el testimonio del testigo social PF 019, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, quien busca se cumpla con el artículo 134 constitucional… por lo que su testimonio es vinculante con las decisiones del OIC del instituto y que lleva Janet Citlali Ramírez Estela. Por cierto, Ramírez Estela ha dilatado casi 4 meses en emitir fallo definitivo en esa licitación, dilación que podría dañar al erario público en 50 millones de pesos dada la diferencia entre el precio ofrecido conjuntamente por Wilk-Ocram Seyer y el ofertado por el competidor de menor precio.
Para la secretaría anticorrupción de Raquel Buenrostro los testigos sociales no son floreros, son parte integral de la vigilancia que evita cohechos. Así que no pasa desapercibida la cadena de mando del ISSSTE, incluyendo al director de administración y finanzas, Omar Butrón Fosado y la subdirectora de recursos materiales, Celeste Hernández Sánchez, en una licitación señalada de favoritismo en la página 80 del testimonio social.
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