Sepa La Bola… pero la decisión del expresidente Donald Trump de etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no fue una simple declaración retórica; fue un disparo a quemarropa en la ya fracturada relación entre México y Estados Unidos.
Más allá del dramatismo inherente a la frase, la medida tiene implicaciones geopolíticas profundas que trascienden la narrativa binaria de la “guerra contra las drogas”.
Analicemos el tablero político más allá de los titulares sensacionalistas.
Trump, en su afán por dejar una marca indeleble en la historia, utilizó la Ley Patriota, una herramienta diseñada para combatir el terrorismo internacional, para atacar un problema de seguridad nacional complejo y multifacético.
La designación de los cárteles —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Familia Michoacana, Unidos y Noreste— como organizaciones terroristas permite a la administración estadounidense (presente y futura) desplegar una gama de recursos y tácticas antes limitadas por los tratados internacionales y el derecho internacional.
Esto incluye operaciones encubiertas, el congelamiento de activos a escala global y una intensificación de la cooperación (o la imposición) con otros países para desmantelar las redes criminales.
La justificación, el flujo de fentanilo a Estados Unidos, es indiscutiblemente trágica. Las más de 300 mil muertes por sobredosis en seis años son una estadística escalofriante que exige una respuesta contundente. Sin embargo, la solución propuesta por Trump, aunque aparentemente decisiva, ignora la complejidad del problema.
La designación de “terroristas” simplifica una realidad mucho más intrincada, donde el narcotráfico está inextricablemente ligado a la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades en México.
La respuesta de México ha sido, como era de esperarse, una mezcla de indignación y firmeza en la defensa de su soberanía. El gobierno mexicano, independientemente de su ideología, no puede permitir que un país extranjero viole su territorio, incluso con el pretexto de combatir el narcotráfico. La soberanía nacional es una línea roja que ningún gobierno puede cruzar sin consecuencias de gran alcance. Pero la realidad es que la estrategia de Trump, aunque fallida en su intento de construir un muro infranqueable, ha logrado algo: ha exacerbado las tensiones entre ambos países y ha puesto en evidencia la ineficacia de las estrategias unilaterales en la lucha contra el narcotráfico.
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas no es una solución; es un síntoma de la profunda desconfianza y la falta de cooperación efectiva desde hace décadas entre dos naciones que comparten una frontera y un destino interconectado.
La pregunta que queda en el aire es: ¿qué sigue? La administración Biden heredó este legado explosivo, y la respuesta que dé Trump determinará el rumbo de la relación bilateral en los próximos años. La cooperación es esencial, pero la soberanía de México es inquebrantable. Encontrar un equilibrio entre estas dos realidades es el desafío que enfrenta la política exterior estadounidense en este nuevo capítulo de la guerra contra las drogas.
Y Sepa La Bola pero la seguridad es el termómetro con el que se mide el éxito de muchos gobiernos locales. En Morelia, Alfonso Martínez Alcázar ha logrado posicionarse en el top 10 de los alcaldes mejor evaluados de México, con un 66.3% de aprobación, según la más reciente encuesta de Demoscopia Digital. Su principal logro: una reducción del 37% en la tasa de homicidios dolosos entre 2022 y 2024. Pero ¿es esto suficiente para hablar de un cambio real en la ciudad?
Es innegable que los números reflejan una tendencia positiva. En diciembre de 2024, Morelia registró su cifra mensual de homicidios más baja en casi cinco años, y eso, por sí solo, es un dato alentador. En un país donde la violencia ha sido la constante, cualquier mejora en los indicadores de seguridad merece reconocimiento.
