Central Campesina Independiente advierte focos rojos por los más de 500 conflictos en el sector
El hecho de no haber asignado recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 para solucionar más de 500 conflictos agrarios que afectan a 352 núcleos agrarios, siendo 80 de gran relevancia por su impacto social y medio ambiental corre el riesgo de que se conviertan en Focos Rojos, advirtió José Amadeo Hernández Barajas, presidente de la Central Campesina Independiente (CCI).
El dirigente acusó que esta administración privilegió la construcción de vivienda y convirtió a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en “promotora inmobiliaria”.
“De nada sirve que la Sedatu se encuentre entre las dependencias con mayor incremento presupuestal de 183% para 2025 y el Programa de Vivienda Social tendrá 32,000 millones de pesos, lo que representa 84.1% del presupuesto total, si deja en el olvido a los núcleos agrarios”, expuso.
En entrevista, el dirigente de la CCI hizo ver que la estrategia, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno Federal, en donde Sedatu tendrá amplia participación, se enfoca en facilitar el acceso a la vivienda para personas de bajos ingresos ya que la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum es construir 1 millón de viviendas sociales en su sexenio, escriturar otro millón y mejorar unas 450 mil más pero no evaluó la importancia de la paz social en el ejido y la comunidad por límites o linderos.
Ínfimo presupuesto para solucionar los conflictos agrarios
Por lo tanto, el ínfimo presupuesto para solucionar los conflictos agrarios causará severos problemas la gobernanza de la sociedad rural sobre sus territorios y en el mejor desempeño de las políticas públicas destinadas al campo, argumentó José Amadeo Hernández Barajas.
Los indígenas de ejidos y comunidades, enfrentan en pleno siglo XXI rezagos en el ejercicio de sus derechos humanos, condiciones de vida y acceso a la justicia agraria, situación que se agudizará en los próximos seis años, alertó.
Por lo anterior, aseguró que “urge una Nueva Política Agraria en la que el Estado retome su conducción, rectoría y de solución a los conflictos agrarios ya que al no ser atendidos terminan en enfrentamientos entre los pobladores”.
La mayor parte de recursos naturales en los ejidos
El gobierno de México no puede soslayar el compromiso que tiene con el campesinado y las comunidades indígenas, sobre todo cuando la mayor parte de los recursos naturales del país se encuentra en ejidos y comunidades, indicó.
Precisó que el 70% de bosques y su biodiversidad, así como las dos terceras partes de los recursos hídricos del país se encuentran en los 99.7 millones de hectáreas de propiedad social.
El dirigente de la CCI alertó que, del porcentaje antes citado, 62 millones de hectáreas son cubierta forestal y están en manos de 15 mil 481 núcleos agrarios, pero además son tierras de uso común.
Sin embargo, para el 2012 México ya había perdido el 34% de su cobertura en bosques y selvas mientras que el 45% del territorio padecía algún tipo de degradación.
La cubierta forestal se reduce en casi 90 mil hectáreas al año, principalmente por el crecimiento urbano y aumento de la superficie agropecuaria de acuerdo con cifras de SEMARNAT en 2020.
Reclaman 491 mil 649 hectáreas dotadas
Expuso José Amadeo Hernández Barajas que entre las demandas de los pueblos originarios en materia de conflictos está el de la tribu Yaqui de Sonora que reclama 491 mil 649 hectáreas que le fueron dotadas durante el Gobierno Federal del General Lázaro Cárdenas.
De igual manera las comunidades indígenas de la Selva Lacandona (lacandones, tzeltales y choles) solicitan la delimitación y seguridad jurídica de sus tierras, así como de la reserva natural más importante del país.
Por otro lado, se requiere atención prioritaria a comunidades agrarias indígenas de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México y Michoacán, pues carecen de reconocimiento y titulación de sus bienes comunales; y hay otras que no cuentan con un censo actualizado o con órganos de representación reconocidos y registrados.
“Estos rezagos son fuente de conflictos que se convertirán en focos rojos afectando la gobernabilidad y la paz social”, advirtió.
